Contra el neoliberalismo: plurinacionalidad y democracia desde abajo

A partir del último levantamiento indígena y popular, liderado por la CONAIE durante los primeras semana de octubre, han vuelto a emerger los discursos descalificadores de la movilización en varias dimensiones. Algunos de ellas se anclan en el racismo abierto mostrando las profundas heridas coloniales que estructuran la sociedad ecuatoriana y que en momentos como éste –cuando los pueblos y nacionalidades y sectores populares dejan de ser sujetos pasivos y levantan la voz contra la injusticia y el autoritarismo económico y político de las élites de este país– se vuelven más violentos que de costumbre.

Otros han empezado a ir más allá aún, intentan cuestionar el proyecto político del movimiento indígena y del carácter mismo del Estado ecuatoriano reconocido en la Constitución de 2008. Así pretenden instalar en la sociedad algunas ideas como que la CONAIE pretende crear estados paralelos dentro del estado, que los territorios indígenas no existen, que la república ha sido generosa porque ha entregado tierras gratuitamente a los indígenas, que una minoría poblacional quiere imponer su visión al resto del país, que la plurinacionalidad a fin de cuentas pone en riesgo a la unidad del estado-nación, entre otras cosas.

Frente a eso es necesario indicar que, en primera instancia ese tipo de ideas no muestran más que la profunda ignorancia de las élites respecto al proceso histórico del país y del movimiento indígena, y además su poca capacidad de aprendizaje y transformación respecto a la historia. De hecho, esas descalificaciones no son nuevas, fueron idénticas a las que se dijeron por parte de sus padres y abuelos luego del levantamiento de junio de 1990. Parece que poco se avanzado en la superación del racismo y la exclusión social de origen colonial en el Ecuador.

En segundo lugar, es necesario (volver a) señalar que la plurinacionalidad del estado no ha tenido nunca la intención de romper la unidad nacional. Al contrario, la plurinacionalidad implica un proceso democrático profundo que, lejos de dividir el territorio nacional, busca  unificarlo bajo otros términos. Hay que saber que las sociedades modernas y los estados-nación surgen entre otras cosas por la división estructural entre una minoría propietaria de medios de existencia (tierra, capital, tecnología, riqueza, etc) y una mayoría desposeída y obligada a sobrevivir precariamente de su propio trabajo y por sus propios medios. Esta realidad es mundial, la riqueza del planeta está brutalmente concentrada en pocas familias. No se puede entonces hablar de unidad de la sociedad así tan vanamente cuando la realidad muestra otra cosa: la injusticia económica que propician unos pocos sobre las grandes mayorías.

Los estados-nación, a pesar de las salvaguardas jurídicas y mecanismos de participación, monopolizan las decisiones más importantes de las sociedades en nombre del bien común, cuestión que muchas veces en la práctica terminan respondiendo a intereses privados disfrazados de interés público, como cuando a nombre de la salvación de las crisis económicas los grandes, pero minoritarios, grupos económicos promueven privatizaciones de bienes públicos –es decir de toda la población– que los benefician únicamente a ellos. De tal forma que la democracia institucional de los estados nación muchas veces termina reducida al voto cada cierto tiempo e instrumentalizada por las élites. La democracia del voto quiere hacer pensar que las mayorías deciden sobre los temas importantes con la delegación de su voluntad en personas y partidos políticos (presidente de la república y asambleístas) cuando en la realidad no representan sus intereses, ni tienen posibilidad de ser controlados por sus electores, y en la mayoría de los casos ni siquiera comparten sus anhelos, sus realidades y problemas. La democracia así concebida (para bien de las élites) es en realidad una no-democracia porque no permite que la diversa sociedad exprese y decida efectivamente sobre asuntos de crucial importancia, como un modelo económico que afecta a todo el país. La democracia verdadera no se trata de mayorías –que en realidad son minorías– sino de creación efectiva de acuerdos y poder de decisión de todos, como individuos pero también como pueblos, como comunidades, nacionalidades y sectores organizados de la sociedad.

Por otro lado, en América Latina los estados-nación se construyeron sobre profundas desigualdades sociales en términos de racismo y colonialismo –que ha implicado el despojo de tierras, la ocupación de territorios, la explotación del trabajo y la exclusión de los pueblos indígenas, los afro-descendientes, las mujeres y los sectores mestizos de sectores populares. Los estados-nación coloniales han construido y promovido una jerarquización social, donde las élites blancas se colocan en la cima del poder dejando en la base a las mayorías indígenas, mestizas y afro-descendientes. De tal forma que, estos estados-nación de origen y estructura colonial históricamente ha sido poco democráticos respecto a la composición social de sus naciones y, sobre todo a la posibilidad de decisión de los pueblos y nacionalidades pre-existentes frente a los caminos que debe tomar la sociedad y para bien de todos. Esta condición histórica colonial y excluyente de los estados respecto de las nacionalidades indígenas, pueblo afro-descendiente y sectores populares no se cambia con bonos, o “entrega gratuita de tierras”, ni con puestos dentro de la burocracia estatal. Se cambia con una re-estructuración profunda de los estados y del poder económico y social. Una verdadera democracia debe romper con el colonialismo, el clasismo y el machismo. La plurinacionalidad busca superar el estado-nación colonial.

Esta condición anti democrática de facto de las estados-nación se agrava cuando las políticas neoliberales globales renovadas –recordemos que en la década de los 90s ya se aplicó en toda la región con las consecuencias negativas para los sectores más desposeídos, por ejemplo las crisis económicas y sociales– pretenden imponerse nuevamente en el país y América Latina. El neoliberalismo es autoritario, no democrático, la historia chilena de la dictadura –muchas veces puesta por las élites como ejemplo del neoliberalismo y que ahora también ha explotado– es el mejor ejemplo. Y hoy no ha variado mayormente, solo hay que mirar como el gobierno de Moreno impone la política económica en el país, acogiendo únicamente las propuestas de las élites económicas y dejando de lado las de la CONAIE, y de los sectores populares. En lugar de promover un diálogo nacional entre todos los sectores de la sociedad –porque una política económica de tal envergadura no puede ser decidida en la mesa de negocios de unos pocos en desmedro de la mayoría– ha respondido con violencia, judicialización y tergiversación de la legitima movilización de octubre. Un gobierno realmente democrático no impone, busca construir una propuesta con participación y toma de decisiones efectiva de las mayorías, no de un grupo de empresarios ávidos por las ganancias desmedidas que implican las privatizaciones, la regresión de derechos laborales y la ampliación del extractivismo.

La plurinacionalidad ha buscado, y busca revertir esa condición antidemocrática de los estados–nación coloniales y de las sociedades capitalistas modernas. Hay que recordar que, pese a todo fue el movimiento indígena, mediante levantamientos en la década de los 90s y principios del 2000, quién logró detener el avance arrasador del neoliberalismo en el Ecuador, posibilitando que en 2007 se abrieran posibilidades de transformación de la sociedad y del estado para el bien de todos los ecuatorianos. Fruto de ese proceso en 2008 se logró –a pesar de la negativa del gobierno progresista– la declaratoria del Estado Plurinacional que poco o nada han hechos los gobiernos de turno por promover su puesta en práctica en la institucionalidad y la sociedad.

El trasfondo de la plurinacionalidad no es establecer otros estados dentro del estado, ni llamar a la división de la sociedad –que de por si está dividida entre los propietarios y los desposeídos; entre una élite blanco-mestiza minoritaria y privilegiada y la mayoría de la población mestiza, indígena, afrodescendiente–. Al contrario, busca ampliar y mejorar la limitada democracia institucional dando la posibilidad a que la gente en su mayoría pueda expresarse y decidir sobre su realidad política y social más allá de la limitada democracia institucional y del voto. El ejercicio de los gobiernos comunitarios, de los parlamentos populares, las asambleas barriales, de la organización social y de la movilización son instancias y procesos que buscan abrir espacios de decisión real de la sociedad sobre los caminos a seguir o construir, frente al monopolio de las decisiones de las élites que han buscado imponer la política neoliberal del FMI en el país. La democracia desde la plurinacionalidad supera la limitada visión elitista de “mayorías” y de la delegación del poder de decisión en unos pocos –sea el presidente y sus ministros o los asambleístas a la hora de construir leyes– porque parte de las capacidades reales de la propia gente en sus comunidades, barrios, asambleas y organizaciones, donde a pesar de las dificultades existe mayor cercanía social y sobre todo posibilidad de controlar a los mandatarios. A esto hay que sumar un saber social para construir acuerdos entre todos y para el bien común. No se trata de romantizar ni negar las dificultades, pero si de valorar y promover otras formas de hacer y vivir en democracia que pueden complementar y coordinarse con la limitada democracia institucional del estado. Así, lejos de dividir la llamada unidad nacional, busca cerrar las brechas democráticas históricamente constituidas por el estado-nación de raíz y estructura colonial.

La plurinacionalidad no es una cuestión de indígenas para indígenas –de hecho la última movilización de octubre estuvo centrada en la política económica que afecta a toda la población ecuatoriana y no solamente a pueblos y nacionalidades–, es una propuesta democrática para todos. Una propuesta que busca devolver el poder de decisión sobre los asuntos mas importantes de la vida de la sociedad a los pueblos, a la gente común, a los trabajadores que construyen con su sudor y energía vital la riqueza de la sociedad. El estado–nación ha estado históricamente monopolizado por las élites políticas, sociales y económicas de este país. El neoliberalismo y quienes lo promueven mediante la imposición, la mentira, la violencia estatal y el racismo representan la no-democracia, es decir el autoritarismo disfrazado de interés general de la nación.

Las élites están acostumbradas a esta democracia limitada, donde los que deciden, tanto desde el estado como por fuera de él, sobre los temas más importantes de la sociedad, son ellos y para su exclusivo beneficio. Su carácter profundamente anti-democrático, racista y clasista se muestra hoy por hoy promovido por sus medios de comunicación y por el gobierno de Moreno. Les asusta que la sociedad organizada, los pueblos y nacionalidades, las comunidades, los barrios populares, las mujeres populares, los trabajadores alcen su voz reclamando no otra cosa que una democracia verdadera, que posibilite decidir a todxs sobre lo que a todxs nos afecta. La plurinacionalidad posibilita el ejercicio efectivo y concreto de una verdadera democracia.

Quito, diciembre de 2019